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Podemos se encuentra en fase de negociaciones con la Plataforma anti fracking y los municipios afectados para consensuar entre todos una nueva proposición del ley

Las cuadrículas de los permisos vigentes afectan a 280.000 hectáreas que se extienden por las provincias de Murcia, Albacete y Alicante

Erena Calvo

Concentración Stop Fracking

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El gigante del fracking (fractura hidráulica para la extracción de gas o petróleo) no está “dormido” en la Región de Murcia. La empresa Oil&Gas, una de las que llevan hacia adelante la mayoría de concesiones en la Comunidad continúa haciendo gestiones para avanzar en los sondeos y “no podemos permitirnos el perder ni un segundo para frenar sus actividades”.

Habla Antonio Moya, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cieza, uno de los municipios afectados por el fracking en la Región, junto a Cieza, Calasparra, Moratalla, Caravaca, Abarán, Cehegín, Bullas, Jumilla y Yecla.

Los primeros permisos en Murcia datan de 2009, Aries I y II, en 2013 se concedieron otros dos, Leo y Escorpio, y se solicitó Acuario. Las cuadrículas de estos permisos afectan a 280.000 hectáreas que se extienden por las provincias de Murcia, Albacete y Alicante, con una población de más de 200.000 personas en el entorno más inmediato a las áreas de investigación, según Podemos.

Para poner freno al fracking, el grupo parlamentario de la formación morada en la Asamblea regional presentó una  proposición de ley el pasado mes de junio que se encuentra actualmente en fase de enmiendas hasta el 5 de octubre. “Acabamos de solicitar un aplazamiento de 15 días, hasta el 20 de octubre, con la esperanza de que pueda ser aprobada con el mayor consenso posible”, afirma Antonio Urbina, miembro de Podemos y encargado de presentar la proposición.

En 2015, recuerda, se aprobó una moción en el Parlamento autonómico y se declaró la Región libre de fracking con el apoyo de Ciudadanos, Psoe y Podemos. “Lo que pasa es que una moción no tiene fuerza legislativa”.

Problemas para la salud pública

El fracking es una técnica de extracción de gas natural mediante la fracturación de la roca usando contaminantes químicos. Se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena y aditivos químicos para romper la roca, abrir y agrandar las fracturas con objeto de que los hidrocarburos atrapados fluyan en el interior del pozo permitiendo su extracción.

Según la proposición de ley de Podemos, se trata de una técnica que genera problemas relativos a la salud pública y el medio ambiente, así como conflictos socio medioambientales donde se pretende instalar el fracking.

En 2017, a raíz del incremento de movilizaciones y campañas anti fracking en España, se registra en Madrid una proposición de ley de Unidos Podemos y se empiezan a redactar leyes prohibicionistas en algunas comunidades autónomas, aunque algunas ya las ha recurrido el Gobierno central al Tribunal Constitucional como la catalana y la cántabra.

“Argumentan –explica Urbina- que las competencias de energía son estatales y una comunidad no tiene potestad para legislar en ese ámbito”.

Por eso, algunos municipios murcianos (los afectados por el permiso Leo) capitaneados por Cieza presentaron este julio una iniciativa legislativa popular no prohibicionista, aunque sí muy restrictiva “de forma que las empresas tengan que abandonar sus actividades”, explica Antonio Moya, concejal de Medio Ambiente de Cieza, que a finales de 2015 se declaró municipio libre de fracking con el apoyo del Partido Popular (PP).

En febrero de 2017, recuerda Moya, se convocó una audiencia pública con colectivos afectados, la Plataforma Cuenca del Segura Libre de Fracking, ecologistas, agricultores, regantes y ciudadanos en general, “se recogieron todas las propuestas y se llevaron a pleno en mayo para elaborar una iniciativa legislativa popular” en línea a la que ya se había presentado en Castilla La Mancha y que fue aprobada por su asamblea regional “sin ningún problema jurídico”.

La iniciativa, que fue aprobada por unanimidad, se llevó al Parlamento autonómico donde ya había otras dos propuestas, una de los socialistas y otra de Podemos.

“El Psoe retiró la suya al entender que la iniciativa popular recogía todas las cuestiones que ellos habían previsto, pero Podemos finalmente mantuvo la suya y dos proposiciones no pueden ser tratadas al mismo tiempo”, explica Moya.

Actualmente, se encuentran en fase de conversaciones los representantes de los municipios con Podemos y la plataforma anti fracking para conseguir el mayor número de apoyos y presentar una sola proposición. “ Hay buena predisposición porque una iniciativa popular tiene mucha fuerza”, apunta el concejal de Medio Ambiente de Cieza, quien añade que sería conveniente que los municipios que aun no estando afectados por Leo también se sumen, “por ejemplo Moratalla sabemos que estaría dispuesto”.

Urbina señala a Madrid porque “sabemos que es allí donde hay que regular esta cuestión definitivamente; países como Francia ya han decretado que se oponen al fracking”.

Y pone el acento en la peligrosidad de esta técnica, incluso en la fase de investigaciones previas para evaluar cuánto gas o petróleo podría estar impregnado en la roca, “ese impacto ya es muy alto y encierra riesgos”.

Rentabilidad económica en duda

Aun así, según analiza, “hoy por hoy el precio al que está el petróleo (unos 52 dólares por barril) no es competitivo para el fracking, que necesitaría unos precios de entre 65 o 70 dólares por barril; y esa es la verdadera barrera para que no se haya acelerado el fracking en España”.

José Antonio Herrera, unos de los portavoces de la Plataforma Cuenca del Segura Libre de Fracking, coincide. “El contexto del precio de los combustibles fósiles no está favoreciendo el fracking, la técnica es costosa y la legislación de protección ambiental en nuestro país supone también un obstáculo”.

En Estados Unidos, donde se ha desarrollado el fracking a gran escala, una de las premisas que lo favorecen es que se rebajan los estándares de protección ambiental, “en caso contrario, no sería rentable”, confirma Herrera, para quien en España también ha ayudado en el freno de la actividad toda la movilización social de rechazo hacia esta práctica que ha desembocado en administraciones autonómicas y locales “plantándole una resistencia importante en todos los territorios donde se dieron concesiones”.

Riesgo de contaminación

Para este miembro de la Plataforma uno de los riesgos mayores del fracking en Murcia es la contaminación de sus aguas porque “utilizan sustancias químicas tóxicas que pueden dañar los ecosistemas”.

Podemos también apunta que uno de los problemas ambientales y de salud pública que más preocupa es el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por las sustancias químicas utilizadas en el proceso de fractura hidráulica. Los recursos hídricos, además, “también se ven afectados por la mayor demanda de agua que exige la técnica, lo cual puede tener repercusiones sobre los ecosistemas y afectar así a la biodiversidad”.

Algunos de los permisos de investigación se han concedido sobre acuíferos, “los más frágiles y vulnerables a la contaminación por metano, productos tóxicos y cancerígenos, radioactividad y metales pesados”, recoge la proposición de Podemos.

Además hay riesgo de contaminación del aire y de sismos, lo que preocupa especialmente en la Región, donde hay fallas en activo.

El concejal de Cieza, Antonio Moya, recuerda que hace meses reclamaron a la Confederación Hidrográfica del Segura su opinión sobre los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas y de consumo, el pasado 14 de julio, “pero todavía no nos han enviado nada”.

Previamente, señala, el Ministerio de Fomento nos envió un documento a distintos organismos públicos entre los que encontrsaba la CHS para que aportásemos nuestra visión sobre el fracking. “Por eso nosotros nos dirigimos a la Confederación, para que nos hiciesen llegar el informe que hubiesen remitido al Ministerio, pero no hemos obtenido respuesta”.

Esta misma semana, la Plataforma reclamaba el mismo informe a la CHS, y se lamentaban de que no se hayan pronunciado porque “la práctica totalidad de los permisos de prospección están situados sobre acuíferos como el Sinclinal de Calasparra, Molar, Ascoy-Sopalmo o Anticlinal de Socovos, entre otros”.

En el caso del Sinclinal, el acuífero está conectado con el río Segura, “por lo que una eventual contaminación de este acuífero pondría en riesgo también los caudales del Segura desde la Vega Alta”, según la plataforma.

Por otra parte, José Antonio Herrera, de la Plataforma, recuerda que cuando se aviva el debate en torno al fracking se utiliza el tema del trabajo como una inversión que va a generar empleo “pero no se sustenta en ningún estudio serio y no se tiene en cuenta el impacto que podría tener para la economía de unas regiones que son principalmente agrícolas y dependen del agua enormemente”.

Las zonas donde están las cuadrículas además, puntualiza Herrera, afectan a cinco denominaciones de origen protegidas en la Región: El arroz de Calasparra, los vinos de Yecla, Jumilla y Bullas, y la pera de Jumilla”.

En los pueblos afectados por el fracking, señala Herrera, han contado con el favor del PP, aunque en la Asamblea regional “modula su postura y en Madrid es pro fracking”.

Por otra parte, el concejal de Medio Ambiente de Cieza insiste en que hay que seguir trabajando para frenar el fracking, “no podemos perder ni un segundo”. Y apunta a que en junio recibieron un documento de Patrimonio Histórico y Bienes Culturales con una solicitud de información de Oil&Gas sobre un punto entre Hellín y Cieza. “Además sabemos que han consultado a algunos propietarios de fincas privadas para poder realizar prospecciones en sus terrenos; el gigante del fracking no está para nada dormido y tenemos que frenarlo”.